Domingo 7 de noviembre de 2004

Preocupa la salud de las obras sociales

La inestabilidad y la riesgosa situación del sistema son atribuidas a cuestionadas conducciones y a resoluciones adoptadas en el país durante la década pasada. También resultó afectado por decisiones menos lejanas, como la salida de la convertibilidad y la devaluación, que redujeron el poder adquisitivo de las remuneraciones, aumentaron los precios de los productos básicos y, consecuentemente, incrementaron la cantidad de pobres e indigentes.

BUENOS AIRES.- Alrededor de 19,8 millones de habitantes de la Argentina -aproximadamente el 55% de la población- carecen de obras sociales o de servicios de medicina prepaga a consecuencia de los efectos de la crisis política y económica, sobre todo por la mayor cantidad de desocupados y empleados "en negro" que no efectúan aportes y están fuera del sistema, según la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI). Aunque la entidad subrayó que ellas encuentran en los hospitales públicos su única alternativa de asistencia, el Ministerio de Salud de la Nación publicitó que disponen de la cobertura universal preparada para atender una demanda creciente. No obstante, persisten las críticas porque muchos están desabastecidos y hasta rebasados por la elevada concurrencia, antes absorbida por establecimientos privados.El gobierno considera que "la salud es un bien jurídico colectivo" cuyo respeto puede lograrse, por un lado, a través de acciones preventivas del Estado y, por el otro, garantizando el acceso a las prestaciones. Por eso buscó consensos sectoriales y transversales, dio un nuevo impulso al Consejo Federal de Salud y concretó el acuerdo de San Nicolás en marzo del 2003.

Todo eso contribuyó a trazar las "Bases del plan federal de salud 2004-2007", un modelo de atención más orientado a la prevención con políticas para todos, sin olvidar el tratamiento de las enfermedades con un criterio lo más universal posible. Con los instrumentos aprobados se pretendió ofrecer respuestas a los desafíos planteados y colaborar en la solución de los problemas. Hasta se aclaró que dichas bases no pretenden ser de carácter permanente, por lo que serán sometidas a una constante revisión y evaluación.

Ginés González García, titular de Salud, insistió en que "la salud es un motor fundamental para el crecimiento". Llegó a representar el 8,4% del Producto Bruto Interno y a ocupar el 12% de la población económicamente activa por su gasto anual de unos 28.000 millones de pesos, pero sucesivas reformas provocaron su desfinanciamiento.El objetivo que se persigue es garantizar a todos y cada uno de los habitantes el acceso a prestaciones básicas y medicamentos esenciales (ver aparte), para lo cual se admitió que debe superarse la distribución desigual de los fondos.

En ciertas provincias, los menores presupuestos se combinan con más personas que carecen de obras sociales o prepagas, lo que origina los peores indicadores sanitarios. Las actuales autoridades confiesan no desconocer las dificultades para resolver de manera integral y simultánea los problemas de cobertura, eficiencia y equidad.Los datos más recientes indicaron que 14,2 millones de personas, entre titulares y familiares, son beneficiarias del sistema que cumple una actividad predominantemente aseguradora, al administrar y pagar los servicios a que tienen derecho los afiliados. La heterogénea oferta abarca 24 sistemas públicos provinciales, 276 obras sociales nacionales de distinta naturaleza jurídica reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud, 24 obras sociales provinciales, decenas de empresas de medicina prepaga, aseguradoras privadas de salud y mutuales, aparte del PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados).

Para que se comprenda mejor lo que eso significa, debe tenerse en cuenta que en 1990 había 18 millones de personas atendidas por unas 400 obras sociales y el PAMI. Entre tantos estudios en circulación, uno de la Comunidad Argentina Salud observó que las crisis tuvieron una repercusión notable en el sistema y que el desequilibrio financiero y el endeudamiento colocaron a las obras sociales en una riesgosa situación de casi cesación de pagos. Esto, unido a los aumentos de precios de los insumos y el equipamiento a raíz de la devaluación y algunas mejoras salariales llevaron a demasiados prestadores prácticamente a una situación de quiebra.El sector privado, compuesto por múltiples instituciones y servicios y numerosos puestos de trabajo, demanda significativas inversiones. Por supuesto, se maneja con los aciertos y deficiencias de todo el ámbito de salud, especialmente por su dependencia del financiamiento de las obras sociales, incluido el PAMI.

Tales prestadores siguieron quejándose por las deudas que mantienen las entidades provinciales, las obras sociales nacionales y el PAMI y revelaron que el sector sufrió una caída del 25% en su oferta en los últimos años y que el sistema público no resistiría la creciente demanda que se desencadenaría por más cierres de efectores privados. De paso, cómo no recordar que las prepagas perdieron asociados y afrontaron traspasos desde planes con cuota alta y amplias coberturas hacia otros más económicos."La falta de coordinación y articulación de semejante universo impide la conformación de un 'sistema de salud' y atenta contra el uso eficiente de recursos y el logro de niveles aceptables de equidad en la cobertura", admitió González García.Especialistas de las más variadas concepciones coincidieron en que los trabajadores deben conducir las obras sociales y corregir corrupciones. En tal sentido, uno de los consultados por "Río Negro" recordó que "nadie es ajeno a la perversidad de algunas dirigencias, pero son los propios trabajadores los que tienen que sacarlas", como opinó Floreal Ferrara, legendario clínico, cardiólogo y docente universitario en medicina social, quien por su militancia justicialista fue ministro de Salud bonaerense en dos oportunidades.

Demasiadas obras sociales atraviesan por una afligente situación pese a los reiterados auxilios financieros de distintos gobiernos y a que consiguieron autorizaciones para disminuir las prestaciones obligatorias. El PAMI, a su vez, continúa sometido a una interminable terapia. Esto sigue sucediendo cuando:* el 46% de la población es pobre y el 16% de la misma es indigente;* el 13% de los habitantes tiene necesidades básicas insatisfechas;* hay 1,6 millones de jóvenes de 15 a 29 años que no trabajan ni estudian;* no perciben ningún ingreso 1,2 millones de mayores de 65;* aproximadamente cuatro millones son desocupados (un millón está en la economía informal y tres millones aparecen excluidos, dos tercios de los cuales antes contribuían al sistema, razón por lo cual la conducción colegiada de la CGT acordó colaborar con la cartera de Salud en proyectos para los "trabajadores sindicalizados sin empleo");* el Plan "Jefes y Jefas de Hogar" abarcó a 1,8 millones de personas.* Determinados gremios denunciaron evasiones de empleadores del 40% al 50%.Más de un millón de monotributistas se reempadronaron a fines de julio, de acuerdo con la Administración Federal de Ingresos Públicos, de los cuales 800.000 se registraron también en la seguridad social.

De estos últimos, 620.000 tenían obras sociales y reconfirmaron su adhesión y 180.000 lo hicieron por primera vez. Hubo reempadronados que, no obstante pagar siempre en tiempo y forma, descubrieron que por desconocimiento no habían ejercido oportunamente la correspondiente opción y figuraban asignados a obras sociales que nunca les comunicaron nada al respecto. La imprescindible necesidad de avanzarBUENOS AIRES.- A pesar de sus deficiencias estructurales, el sistema nacional conserva fortalezas que podrían servir para la disminución y/o desaparición de la hiperfragmentación del subsistema de seguridad social, que además de las 276 obras sociales cuenta con otras provinciales, las de las Fuerzas Armadas, de seguridad y universitarias y hasta otras no normalizadas en su accionar.

El gobierno nacional planteó la necesidad de avanzar hacia:* El logro de un conjunto de garantías explícitas de cobertura para todas las entidades, independientemente de su jurisdicción. Por las diferencias de cobertura y financiamiento de las provinciales, dicho marco debiera tener un diseño incremental que alcance el PMO (Programa Médico Obligatorio).* Un cambio en la modalidad de financiamiento de las obras sociales provinciales, evitando el paso de los recursos por el ministerio de economía local, con lo cual se aseguraría la intangibilidad de los mismos. Históricamente, dicho financiamiento es intrínsecamente aleatorio, pues los fondos en cuestión resultan una variable de ajuste del tesoro provincial.* La incorporación de las obras sociales provinciales al universo de fiscalización de la Superintendencia de Servicios de Salud, respondiendo a estándares de gestión y calidad homogéneos. Esto contribuiría a uniformar los criterios de administración de los distintos órganos financiadores y promovería la transparencia en la oferta prestacional.* La creación de un sistema de débito automático en fuente contributiva, similar al de los hospitales públicos de gestión descentralizada, eliminaría la ineficiencia de los subsidios cruzados entre las obras sociales provinciales y los propios establecimientos jurisdiccionales y estimularía una visión y gestión más aproximada al subsidio a la demanda que a la actual de oferta.* Un régimen de traspasos libre entre los distintos sistemas.

En una primera etapa, debiera alcanzar al PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) -que dispone de varias de las condiciones necesarias: padrón unificado, débito automático y aportes a la Superintendencia de Seguros de Salud (SUSS)- y la prolongación paulatina al resto de los agentes. Este esquema deberá estar condicionado a que las obras sociales provinciales entren en la órbita de fiscalización de la SUSS, aunque no de manera plena (por la cuestión de la libre competencia).* Un seguro nacional de enfermedades especiales de suscripción obligatoria para los sistemas provinciales y otros.* Un programa de reconversión de obras sociales en crisis, destinado a asistirlas financiera -con un crédito gestionado por la cartera de Salud nacional, por concretarse a través de un fideicomiso con fondos disponibles en el Banco de la Nación- y técnicamente.* Mediante el saneamiento financiero, es decir la cancelación de pasivos prestacionales con efectores, sin incluir intereses; reconversión de planta de personal, apuntando a optimizar al existente, y el fortalecimiento institucional destinado a optimizar el modelo de gestión.

Las medidas consignadas permitirían la paulatina homogeneización del sistema bajo pautas únicas de regulación y competencia y mejorarían el poder de negociación de compra de servicios con la consecuente disminución de costos y aumento de la calidad y ordenamiento de la oferta, aparte de mejorar la equidad intrasectorial. La intención es que una red solidaria, como la de las obras sociales nacionales, no tenga restringida a la Capital Federal la posibilidad de expresar sus quejas y realizar trámites.Medidas para la emergenciaBUENOS AIRES.- El gobierno nacional admitió que la más grave crisis institucional y socioeconómica que vivió el país lo obligó a declarar la emergencia sanitaria y a tratar de cumplir la función de gran reparador de desigualdades, garantizando el acceso de toda la población a servicios y medicamentos esenciales.

A largo plazo el objetivo es cerrar brechas que suelen esconder los promedios estadísticos y que delimitan los márgenes de la iniquidad: de un lado los sectores más ricos y del otro, los que menos tienen. Por las diferencias y la fragmentación entre obras sociales, provincias y la Nación, se implementó una política para cubrir demandas específicas y urgentes de la población mediante variadas alternativas -algunas de las cuales se superponen entre sí-, tales como:* El Plan Materno Infantil que, a través de la asistencia técnica y financiera al ámbito de salud de las provincias, procura reducir la morbimortalidad de mujeres, niños y adolescentes; mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios y promover la participación ciudadana en la problemática de salud. Sus tres ejes estratégicos, están relacionados con la salud sexual y procreación responsable, la perinatalogía y la salud infantil.* El Plan Remediar de provisión gratuita de medicamentos ambulatorios para alrededor de 15 millones de personas, en especial quienes están bajo línea de pobreza o no tienen cobertura de obras sociales, con distribución asegurada hasta fines del 2006, por la financiación otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo.* El Programa Nacional de Médicos para la Atención Primaria de la Salud, con una concepción integral de los problemas, a través de la integración de la asistencia, la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la rehabilitación.

Tiene como misión extender el sistema a la intimidad de los hogares, permitiendo conocer la realidad social y sanitaria de la población y mejorar la comunicación con el individuo y su familia.* El Plan Federal de Salud pretende dar una cobertura explícita a casi la mitad de la población, poniendo más el foco en la prevención, a fin de disminuir las tasas de mortalidad materna el 20% y la infantil el 25%. Prevé aumentar los recursos de las obras nacionales y provinciales un 5% más por año hasta el 2007. Proyecta abrir una agencia nacional para autorizar las tecnologías médicas; definir la cantidad y calidad de los recursos humanos dedicados a la salud, de acuerdo con las necesidades reales del país; reducir desigualdades mediante un fondo compensatorio que asignará recursos a las provincias que más los necesitan y establecer un seguro especial para solventar las enfermedades de baja incidencia y alto costo. Los cambios en la atención médica, la gestión y el financiamiento permitirán que en el 2007 cada habitante disponga de una tarjeta de identificación que le permitirá acceder a una red organizada de servicios de salud.* Plan Nacer Argentina, para dar cobertura a 3,5 millones de embarazadas y niños. Se orienta a la detección temprana, a proporcionar un parto seguro y un seguimiento durante los primeros 45 días y a atender a los chicos hasta los seis años.

Miguel Angel Fuks