Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (CONFECLISA)

"La presión tributaria ejercida ha llegado a niveles insostenibles para los prestadores privados de salud. En la actualidad, los sana- torios se encuentran fuertemente endeuda- dos, siendo el principal acreedor el Estado en sus diferentes niveles.
Si analizamos la presión tributaria desde el punto de vista de lo devengado, se aprecia (según se detalla en el anexo I, en el que se expone un estado de resultados promedio) que la pérdida en concepto de impuestos, cargas sociales e intereses de planes de pagos representa el 20,75% de la facturación neta. Sin embargo, si consideramos que los sana- torios mantienen deudas con el fisco (en sus tres niveles) incluidas en moratorias y planes de pago que se intentan cancelar al día, se aprecia (según se detalla en el anexo II, en el que se expone un fluir de fondos promedio) que el 29% de las cobranzas se destinan la cancelación impuesto, cargas sociales y moratorias.
Por otra parte, debemos considerar el fuerte impacto en los costos de un sanatorio que ha causado y que seguirá causando los aumentos de salarios. En la actualidad se ha ido incorporando progresivamente como remunerativo el incremento de sueldos (de $200 por empleado) que originalmente fuera no remunerativo. Esto ha provocado un aumento 'de los costos para las clínicas de $224 por empleado ($200 de salario y $24 de contribuciones patronales). Además, el día martes 11 de noviembre de 2003, los minis- tros de Economía y Trabajo (Roberto Lavagna y Carlos Tomada, respectivamente) realizaron conjuntamente el anuncio de un incremento (no remunerativo) en los salarios que rigen a partir de enero de 2004, de $50 por empleado y por mes. Debemos recordar en este punto que el principal costo de los sanatorios está representado por la mano de obra, ya que la utilización de la misma se realiza de manera intensiva, debido a que la institución debe estar en funcionamiento todo el día, durante la totalidad del año.
Estos incrementos salariales ($274 por empleado y por mes) representan en febrero
de 2004 (cuando los $200 originales pasan a ser completamente remunerativos) un 10,7% de la facturación de un sanatorio. Lo expuesto no puede ser soportado por las instituciones privadas de salud. Más si tenemos en cuenta, que estas instituciones ya eran deficitarias antes de estos aumentos salariales. Así, en una clínica donde los gastos suman la cantidad de $5.067.593, el costo laboral asciende a $2.041.077, antes del aumento referido.
Por otra parte, los derechos y cápitas que perciben los sanatorios por las prestaciones que efectúan se mantienen en los mismos valores del año 2001 (antes de la devaluación). No obstante los prestadores siguen atendiendo a sus pacientes pese a la mayor demanda tecnológica y a los insumos, que en su mayoría importados han hecho crecer los costos de las prestaciones. Además, la creciente complejidad del sistema tributario trae aparejada una carga de trabajo administrativo cada vez mayor (Ej.: agentes de percepción y recaudación de ingresos brutos, agentes de retención de impuesto a las ganancias, responsables de bienes personales por la participación societaria, agentes de información de la RG 4120 (DGI) y de la RG 167 (AFIP-DGI), entre otros).
Sin embargo, el Estado lejos de favorecer la prestación de salud, brindando incentivos a los establecimientos, les ha propinado un trato discriminatorio. Si bien existen varios sectores productivos sumidos en una profunda crisis, no podemos dejar de advertir que el estado ha delegado en los establecimientos privados de salud uno de sus deberes esenciales. Es sumamente criticable, y creemos que es una decisión arbitraria y basada en meros fines recaudatorios, el hecho que al sector salud no se lo haya beneficiado con las desgravaciones e incentivos transitorios otorgados por los planes de competitividad. Sin embargo, el sector privado prestador tuvo que complementar la prestación brindada por los hospitales públicos, colaborando en diversos planes nacionales debido a la insuficiencia de prestación estatal, e inclusive ha sido el principal financiador del Estado en materia sanitaria, como hemos descripto anteriormente, debido a los atrasos en los pagos registrados por las distintas Obras Sociales estatales.
EI sector privado prestador del servicio publico de salud, ha sido afectado notable- mente por un impuesto netamente regresivo, el IVA. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido en la causa Famyl S.A. c/Estado Nacional s/Acción de Amparo de fecha 28/08/2000, el efecto del impuesto. En esta causa se trató el tema de la inconstitucionalidad de la ley 25.063 (que grava en el IVA a los servicios brindados por empresas de medicina prepaga), y tanto en los considerandos del voto del Sr. Ministro Dr. Enrique S. Petracchi, como en el Dictamen de la Procuración General de la Nación se deja explícitamente sentado que "....la propuesta de los legisladores tuvo en mira un objetivo principal, esto es, incrementar la presión tributaria....."; que ",...el hecho de que la reforma tributaria contenida en el proyecto de ley 25063, como "unidad" o "todo", haya tenido el propósito de aumentar la presión
tributaria...."; que "....El espíritu de la norma fue aumentar la presión tributaria...."; que "....el objetivo que enmarcó la sanción del proyecto de ley 25063 fue el de aumentar la presión tributaria....". Como observamos, la mayor presión tributaria que afecta el sector, no se compadece con el principio de la capacidad contributiva, receptado jurisprudencialmente por el Máximo Tribunal, lo que llevaría a la conclusión, como única posibilidad, que el Estado persigue fines extrafiscales desalentando la prestación privada del servicio de salud, o en otros términos, por vía de la tributación se trata de condenar a una actividad esencial, que pretende cumplir objetivos constitucionales -acceso a la salud-, delegada por el propio Estado a los particulares.
A modo de ejemplo de la presión tributaria que ejerce el Estado, a continuación se describe la situación real de una institución sanatorial ubicada en una ciudad de más de 500.000 habitantes que posee 70 camas, con 230 empleados y un staff médico de 90 profesionales independientes.